Un hábeas corpus colectivo puso en tela de juicio el proceder de la Policía en el control del cumplimiento del aislamiento obligatorio vigente desde el 20 de marzo. La presentación del abogado Guillermo Petros (h) expuso la existencia de excesos y de arbitrariedades, y hasta planteó hipótesis de corrupción. Tras relatar los hechos que lo habían motivado a acudir a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el letrado pidió la salvaguarda de su libertad ambulatoria y de la de todos los habitantes de la provincia con las restricciones motivadas por la prevención de la covid-19. Además, solicitó al alto tribunal que ordene al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público Fiscal la aplicación de un protocolo para impedir la violación de derechos fundamentales.

Petros (h) expresó que urgía detener en forma inmediata la “amenaza de privación de la libertad, y de violencia y de abuso de autoridad por parte de la Policía” que pesaba sobre toda la ciudadanía. El escrito asimismo aborda la situación de los aprehendidos y demorados por violar la cuarentena en las instalaciones del Ministerio de Seguridad o en las dependencias habilitadas a tal efecto, como sería el Complejo Deportivo Belgrano. Petros (h) pidió a la Corte que repare en que no estaba claro cuál había sido el criterio para concretar estas aprehensiones.

El hábeas corpus consideró que, ante el volumen de casos (más de 4.575, según los datos oficiales), no había garantías para ejercer el derecho a la asistencia de un abogado. “En las actuales condiciones de limitación de recursos materiales y humanos, el Ministerio Público de la Defensa y las fiscalías están desbordados”, advirtió. Esta “saturación” daba lugar a irregularidades y a desigualdades, según Petros (h). “En muchos casos, el accionar policial se ha visto teñido de violencia”, reiteró.

“Un ejemplo es el video viralizado en las redes sociales y en la prensa de un ciudadano de 70 años que volvía de comprar medicamentos en la farmacia y fue aprehendido en la calle Larrea entre Congreso y Las Heras; bajado a empujones de su motocicleta; tirado al piso de rodillas; golpeado; maltratado; lesionado y esposado por policías sin necesidad alguna, y en abierta violación de la ley”, relató. Petros (h) expresó que él estaba de acuerdo con el confinamiento, pero que no aceptaba “la cacería de brujas”: “los ciudadanos se encuentran prisioneros en sus hogares, y ni siquiera pueden salir a comprar sus medicamentos o alimentos -aunque el decreto presidencial los autoriza- por temor a una detención, o al secuestro del vehículo puesto que no están claras las reglas de juego para el Estado y los ciudadanos”.

El abogado dijo que esa discrecionalidad aparecía en los casos del médico homeópata (Ernesto Prebisch) y del funcionario judicial (Alejandro Vallejo): observó que ninguno de los dos habían sido tratados del mismo modo que el resto de los aprehendidos. Al respecto, consignó: ”la Policía procede de manera distinta si el ciudadano posee recursos económicos e instrucción”. Y explicó que habían circulado versiones de posibles hechos de corrupción consistentes en la exigencia de sumas de dinero para permitir el paso por los retenes.

Guía

Prevención de la violencia institucional

El Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPFN) publicó el documento titulado “Facultades y límites a la actuación de los agentes de las fuerzas policiales y de seguridad en el marco del control del aislamiento social, preventivo y obligatorio”. El texto funciona como una guía para prevenir la violencia institucional y que los actos de la autoridad estatal desemboquen en violaciones de derechos humanos. Este instructivo escrito con lenguaje sencillo puede ser descargado gratuitamente de la web fiscales.gob.ar El MPFN recibe denuncias de excesos en este número: 011 6089 9058/9059.